Cada diez de octubre, con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la comunidad internacional vuelve la mirada hacia el bienestar psicológico como un derecho humano fundamental. Las proclamas de organismos como la Organización Mundial de la Salud insisten en un mensaje claro: la salud mental no se construye individualmente ni se soluciona únicamente en las consultas médicas, sino que está profundamente ligada al entorno social, las redes de apoyo, las condiciones de vida.
Para pasar de los discursos a la acción real se necesitan evidencias concretas. En el Proyecto CAIR iniciamos ese camino sobre el terreno, analizando la salud comunitaria a través del trabajo de investigación desarrollado en el barrio de Carrús. Los datos resultantes de la primera encuesta poblacional realizada en este entorno ofrecen un diagnóstico revelador que ayuda a entender cómo se distribuye el bienestar psicológico en el día a día de nuestros barrios.
La brecha social de la salud emocional
Los cuestionarios que realizamos constatan que las afecciones emocionales no afectan a todo el mundo por igual. Existen factores demográficos y socioeconómicos determinantes a la hora de presentar una menor percepción de salud mental:
- La brecha de género: las mujeres registran una proporción de mala salud mental sensiblemente superior a la de los hombres. Mientras que entre los hombres un 43,23% presenta niveles bajos de salud emocional en comparación con la población general, en el caso de las mujeres esta cifra se eleva al 56,86%. Esta diferencia refleja cómo las cargas asociadas a los cuidados, la conciliación y la precariedad afectan de manera continuada al bienestar de las mujeres.
- El peso de la edad: la percepción del estado de salud mental empeora con los años. Entre las personas mayores de 65 años, un 65,65% presenta indicadores de mala salud mental en comparación con la población general, frente a un 28,57% en los jóvenes de 18 a 24 años o un 43,93% en el tramo de 25 a 44 años. La soledad no deseada, la pérdida de redes sociales y el deterioro físico influyen significativamente en esta franja de edad.
- El impacto del nivel de ingresos: la condición económica marca una diferencia contundente. En aquellos hogares con ingresos iguales o superiores a 1800 euros mensuales, el 27,59% de la población declara una mala salud mental en comparación con la población general. En cambio, en las viviendas con ingresos inferiores a 1800 euros al mes, la proporción que afirma tener una mala salud mental asciende a un 55,03%. La inestabilidad económica y la falta de recursos actúan como un factor constante de estrés psicosocial.
Actitudes, alfabetización y percepción del apoyo profesional
A la par que evaluamos la distribución del bienestar emocional en el barrio, las encuestas realizadas en farmacias exploran la disposición a buscar ayuda, nivel de conocimiento y presencia de estigmas de las personas con necesidades relacionadas con la salud mental.
- Reconocimiento del profesional de la psicología: ante un problema de salud mental personal, la disposición a acudir a consulta es muy elevada. Tanto hombres como mujeres superan el 91% en su nivel de acuerdo con buscar ayuda psicológica.
- Recomendación y apoyo al entorno: esta disposición se acentúa cuando se trata de orientar a personas cercanas. Al preguntar si animarían a un allegado con un trastorno mental a visitar a un profesional de la salud, el grado de acuerdo alcanza el 97%.
- Desmitificación sobre la edad: existe un amplio consenso respecto a que la salud mental afecta a todas las etapas de la vida. Más del 90% de los encuestados rechaza la afirmación de que solo los adultos tienen problemas de salud mental. No obstante, se observa que la adscripción a este mito aumenta gradualmente con la edad, llegando a un 10% de acuerdo entre las personas mayores.
- Nivel global de alfabetización en salud mental: la puntuación media en la escala de alfabetización en salud del cuestionario se sitúa en el 90% sobre la puntuación total, lo que refleja un conocimiento general muy elevado sobre la materia. La edad vuelve a destacar como la variable más determinante en las variaciones de puntuación. Los grupos de edad intermedia registran los valores más altos (93,6% entre los 26 y 45 años, y 92% entre los 46 y 65 años), mientras que las franjas de los más jóvenes (89,7% entre 18 y 25 años) y de los más mayores (87,9% entre mayores de 65 años) muestran las puntuaciones más ajustadas.

Un cambio de enfoque: de la sobremedicalización a la acción comunitaria
Estos resultados ponen de manifiesto que abordar la salud mental requiere atender las causas de origen social y económico que la condicionan. Tratar de mitigar estos malestares únicamente mediante psicofármacos resulta insuficiente, o contraproducente resultando en una sobremedicalización, cuando el problema de fondo está relacionado con la soledad, los ingresos insuficientes o la falta de apoyos en la vejez.
Frente a esta situación, la investigación desarrollada dentro del Proyecto CAIR aboga por modelos centrados en el entorno y la intervención comunitaria:
- Utilizar el análisis multidisciplinar y el procesamiento de datos para identificar patrones de vulnerabilidad y riesgo.
- Fomentar el uso de la prescripción social, conectando a las personas con actividades comunitarias, asociaciones de barrio y espacios de apoyo mutuo que reduzcan el aislamiento social y fomenten el colectivismo.
- Reducir de forma progresiva la dependencia de tratamientos farmacológicos con un enfoque clínico y medicalizador a situaciones de estrés o malestar derivadas principalmente de determinantes sociales.
Investigar para transformar el entorno
El Día Mundial de la Salud Mental nos recuerda que las soluciones deben construirse de la mano de la ciudadanía y de las instituciones locales; voces reales para generar un cambio real. Los datos recopilados en el barrio de Carrús constituyen la base sobre la que diseñar intervenciones públicas más justas, preventivas y ajustadas a las necesidades reales de cada grupo de población.
Entender la salud emocional desde el territorio es el primer paso para ofrecer alternativas sostenibles y garantizar que el bienestar psicológico deje de ser un privilegio ligado al nivel de renta o al género, a ser un derecho, convirtiéndose en una realidad accesible en todos los entornos comunitarios.
